Parece ser que Latinoamérica no deja de sorprendernos con sus problemas legales y de justicia. Si hace unos meses discutíamos incesantemente sobre la situación en Venezuela, los titulares de estos últimos días son dedicados al Perú.  Por un lado, tenemos al presidente, Martin Vizcarra; y por el otro al Congreso, el poder legislativo.  Ahora mismo, el Perú está a la espera de las elecciones generales el 26 de enero, pero el tumulto político está dejando secuelas.

Primero hay que ponerse en perspectiva. El Congreso y el presidente pertenecen a partidos políticos rivales diferentes: Fuerza Popular; y Peruanos por el Kambio. Esto resulta en una inefectividad del gobierno, pues el congreso tiene el poder de bloquear las decisiones presidenciales, evitando que pueda avanzar con su agenda política. Debido a esta tensión, el congreso se habría planteado dar la tercera negación de confianza al presidente (proceso usado por el congreso para poner en entredicho un acto del presidente debido a su inconstitucionalidad), esta vez por falta de transparencia en la elección de miembros del Tribunal Supremo. Sin embargo, el fatídico 30 de septiembre, lo primero en la orden del día era la nominación al Tribunal Supremo, seguido por la cuestión de confianza. Entre ambos puntos de la agenda, el presidente anunció la disolución del congreso y la convocatoria de elecciones generales.

Es en este punto donde las cosas se tuercen, el congreso vota otorgándole la confianza al presiente justo después de que este declaré la disolución, por lo tanto, el respaldo constitucional para este acto desparece. Inmediatamente después, el congreso aprueba una moción para destituir al presidente de su cargo, lo cual resulta en Mercedes Araoz obteniendo el titulo temporal de presidenta. Sin embargo, tal decisión del congreso no tiene validez legal pues este fue revocado por el presidente antes de que tomaran la decisión. El 1 de octubre, Araoz renuncia al cargo. El siguiente en la lista de candidatos, de acuerdo a la constitución sería el presidente del congreso, el que descarta tomar el mando pues considera que el congreso esta disuelto y el presidente Vizcarra como único mandatario legítimo.

La práctica detrás de este embrollo constitucional es bastante estática: el congreso actuando “en funciones” hasta las elecciones generales y el presidente continúa en su labor política (nombrando un nuevo Gabinete). El pueblo peruano es el más afectado, y la opinión internacional se ve en la bajada del valor de la moneda nacional. Los comentarios se repiten: “ojalá que esto no destruya lo que hemos estado construyendo”, “nadie sabía quién era la presidenta interina”, “han tirado el crédito de ambas ramas del poder por el piso”. Así que esperaremos y seguiremos a la espera de un movimiento que añadir a la lista de traspiés de los altos mandatarios del Perú.