Pocas cosas nos hacen sentir tan seguros en la mayoría de países de los que venimos, como la libertad de expresión. Esta libertad está acompañada por muchas otras, como la libertad de religión, de reunión o de prensa. La que nos concierne hoy es la libertad de prensa en España. El cinco de noviembre se dio a conocer el nuevo real decreto-ley español que adopta medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contracción del sector público y telecomunicaciones. A pesar de que las leyes y el derecho suelen parecer algo lejano al mundo real en el que todos vivimos, el Stork como periódico, haciendo uso de una plataforma digital, tendrá que mirar sobre el hombro cuando publica según qué.

Antes de que este decreto fuese establecido, era necesario que un juez interviniera para cerrar o censurar una página web, pues limita uno de los derechos fundamentales (de prensa) del que estamos tan orgullosos. Sin embargo, para que el gobierno pase por encima del Poder Judicial y límite tal derecho, es requerida una necesidad urgente. Este nuevo decreto es publicado durante el apremiante problema de la independencia catalana, y muchos argumentan que podría ser una forma de delimitar sus posibilidades de crear una realidad virtual (donde cada persona tenga una serie de datos separados a los de la ciudadanía española) o de llamar a las masas de manera extrema.

Sin embargo, vamos a enfocarnos en los efectos del decreto en páginas como el Stork. El artículo 6 del decreto dice: “El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado, de la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional”. Es este el artículo que conlleva a la duda. Es posible que parezca una exageración, pues todos entendemos la necesidad de tener ciertos protocolos para momentos en los que resulta necesario una acción inmediata. No es lo mismo una llamada a las armas que un comentario de odio; puesto que mientras el primero requiere que lo censuren de manera inmediata, el segundo no es lo suficientemente urgente y puede ir a través del poder judicial.

A pesar de la lógica que he presentado antes, sobre todo en el clima político actual tras las elecciones, muchos temen que el gobierno pueda cruzar la línea de lo que es y no es urgente. Si mañana el Stork decidiera publicar una opinión más sólida y extensa sobre por qué deberíamos establecer una anarquía e ir a destituir el gobierno, ¿podría este mismo órgano censurar este artículo o toda la plataforma? Si lo llevase a cabo, muchos diríamos que están limitando nuestro derecho de expresión, y ya de paso, el derecho a ser escuchados por alguien imparcial. Es poco probable que el gobierno hiciese esto pues el Stork como plataforma no tiene tanto poder de llamar a la ciudadanía. Sin embargo, esto nos deja con la cuestión de ¿dónde está la línea?, ¿y quién la pinta?

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