César Strawberry, voz principal e integrante de la banda de rock española Def con Dos, fue acusado de enaltecimiento y vejación a víctimas del terrorismo en mayo de 2015 por la publicación de exactamente 6 tweets en los que bromeaba sobre la muerte de ciertas víctimas de ETA, o incitaba al odio y al terrorismo contra políticos españoles actuales, entre otros. Tras el pertinente análisis del lenguaje empleado en dichos tweets, fue absuelto por la Audiencia Nacional. Sin embargo, el Fiscal recurrió́ ante el Tribunal Supremo, el cual lo condenó a un año de cárcel y seis años de inhabilitación por los cargos mencionados tras considerar que sus afirmaciones “alimentan el discurso del odio, legitiman el terrorismo como fórmula de solución de los conflictos sociales y […] obligan a la víctima al recuerdo de la lacerante vivencia de la amenaza, el secuestro o el asesinato de un familiar cercano”.

Esta sentencia, la que fue muy mediática en su momento, ha sido recientemente recordada ya que César Strawberry, aún pendiente de un recurso de absolución por parte del Tribunal Constitucional, defendió el pasado jueves 13 de febrero no sólo su derecho a la libertad de expresión sino también su derecho a la ofensa ante el Congreso de los Diputados. Casos como este, los que han sido frecuentes especialmente en los últimos años, han provocado que una serie de preguntas merodeen por las cabezas de muchos españoles: ¿Cómo está la libertad de expresión en España? ¿Cuáles son sus límites, y quién los decide?

De nuestro Código Penal y en lo relativo a los delitos relacionados con la libertad de expresión, destacan los delitos de terrorismo y enaltecimiento del terrorismo (artículos 573, 578, 575), odio (510), calumnias (205 y 206), injurias a la Corona (492 a 494), ofensa de sentimientos religiosos (524 y 525) y revelación de secretos.

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, más comúnmente conocida como la `Ley Mordaza´, ha sido una de las grandes protagonistas de tan agitado debate. Dicha ley fue fuertemente criticada tanto por determinados sectores de la población como por partidos políticos e incluso, atrajo la atención de organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y relatores de las Naciones Unidas.

La ley en cuestión sanciona económicamente con una multa de entre los 601 y 30.000 euros a todos aquellos que intenten “impedir a cualquier autoridad del ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales”, como por ejemplo sería el caso de la paralización de desahucios por parte de un vecindario. Del mismo modo, condena con la misma franja de penalización económica “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes (…)”. Estos son algunas de las conductas que la ley castiga y que han sembrado preocupación sobre la calidad de la libertad expresiva en España. Sin embargo, bien es cierto que el Ministro de Interior aclaró que fotografiar y publicar imágenes de la política es legal y sólo se incurre en un delito en el momento en que se facilitan datos personales sobre dicho agente o su familia.

En lo relativo a la prensa, la última clasificación Mundial de la Libertad de Prensa (2019) publicada por la organización sin ánimo de lucro Reporteros Sin Fronteras, sitúa a España en el vigésimo noveno lugar; siendo un país en el cual el gremio del periodismo goza de mayor independencia que en países como Francia, Gran Bretaña e Italia, pero es menos libre que Portugal, Alemania o Bélgica. El odio a los periodistas, sobre todo a aquellos que relataban o intentaban documentar el conflicto catalán, y la ya explicada Ley Mordaza han sido algunos de los factores que han llevado a España a ocupar tal posición.

Tras este análisis, creo que es prudente afirmar que el simple hecho de que se debata acerca de la libertad de expresión es sintomático de una sociedad sana y preocupada por el cumplimiento de los estándares democráticos. Dicho esto, lanzo la pregunta que muchos nos hacemos: ¿dónde está el límite? Personalmente, soy de las que opina que prácticamente todo tiene y ha de tener límites y que algunas medidas adoptadas por el gobierno, así como sentencias emitidas por los tribunales han sido demonizadas y muy tergiversadas por los medios de comunicación y los distintos grupos de interés en el país.

Sin embargo, si de veras los ciudadanos españoles creen que la situación actual en este respecto es deficiente y poco democrática, les invito a presionar a la clase política para que derogue todas aquellas medidas que creen mutiladoras del legítimo derecho a la libertad de expresión ya que, como bien dice el expresidente uruguayo Pepe Mujica, “la ley es la expresión congelada de lo político”.