De los aproximadamente 5,4 millones de personas que han huido de la violencia, la hiperinflación, la opresión política y la escasez de alimentos y medicamentos en Venezuela, la mayor parte vive en Colombia y en los países vecinos, donde miles no cuentan con el estatus legal necesario para obtener un trabajo y/o buscarse la vida.  Hace dos semanas, solo unas 950.000 personas contaban con un estatus formal en el país.

Sin embargo, en Colombia la situación ha cambiado drásticamente esta semana. “Por fin puedo construir una vida real”, son las palabras que suspiran más de 1 millón de venezolanos migrantes tras la decisión de Colombia de otorgarles estatus legal en la nación.  

El presidente Iván Duque anunció este pasado lunes 8 de febrero, que los venezolanos migrantes que hayan huido por el colapso económico de su nación podrán permanecer legalmente temporalmente en Colombia durante 10 años, si se registran con las autoridades.  “Las crisis migratorias son, por definición, crisis humanitarias”, dijo Duque en su discurso, al explicar las medidas a una población colombiana que en ocasiones se ha erizado por la afluencia de venezolanos y la presión que ha ejercido sobre los servicios. “Tenemos cerca de un millón de migrantes en nuestro país cuyos nombres desconocemos”, dijo. 

Luego agregó, “No sabemos dónde están, qué edades tienen, cuales son sus condiciones socioeconómicas. Y esa es una mala situación. Es una mala situación porque no nos permite tener una política social y de seguridad clara “.

Para visualizar el discurso con detenimiento, haga click aquí.

Esta decisión fue aplaudida por António Guterres, el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), expresando que “este importante acto de solidaridad” es un ejemplo para el mundo. De forma similar, Antony Blinken, el Secretario de los Estados Unidos, felicitó a Duque por el anuncio en Twitter y agregó que “Estados Unidos apoya a Colombia en apoyo a los refugiados y emigrantes mientras trabajamos para reconstruir y expandir nuestros programas humanitarios en todo el mundo”.

Durante el plazo establecido, de igual manera, el país les ofrecerá protección, otorgándoles oportunidades para contribuir a la economía colombiana. Así como, el acceso libre a los sistemas sanitarios, educativos, de empleo, entre otros a aproximadamente un tercio de los 5 millones de refugiados y emigrantes venezolanos de la región.  Según la nueva medida, quienes ingresaron en Colombia sin permiso antes del 31 de enero son elegibles para la legalización mientras que aquellos que ya tienen un estatus legal ahora quedarán libres, durante al menos una década, de tener que volver a solicitar el permiso para quedarse. 

Además de ser un evento histórico que se produce en un momento en el que el país se enfrenta a los impactos sanitarios y económicos de la pandemia del COVID-19, la inclusión de los refugiados y emigrantes venezolanos contribuirá al proceso de recuperación de la pandemia. Ello también permitirá a los venezolanos en Colombia acceder al sistema nacional de salud y los planes de vacunación contra el coronavirus.

En diciembre del año pasado, Duque dijo que los venezolanos sin estatus migratorio formal no serían elegibles, lo que motivó un cambio de posición del país. Asimismo, a través de su discurso, el presidente colombiano pidió a la comunidad internacional que ayude a financiar los esfuerzos de vacunación para los migrantes. La regularización también servirá para lograr soluciones a largo plazo, como el acceso al mercado laboral, que a su vez, permitirá disminuir la dependencia de las personas de la asistencia humanitaria y contribuir a la recuperación socioeconómica del país tras la pandemia. 

Tanto ACNUR como la OIM destacaron que la puesta en marcha de esta iniciativa requerirá de una “importante inversión en tiempo, logística y recursos”, por lo que líderes como los de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para los Refugiados y Emigrantes de Venezuela, en coordinación con otros 159 socios, estuvieron dispuestos a contribuir con su competencia técnica, presencia en el terreno, capacidad logística y recursos para apoyar el proyecto de legalización. 

Con el ejemplo ahora establecido, los migrantes y los grupos de derechos humanos pidieron a otros países de la región que relajen su dura postura sobre la migración venezolana. La pregunta del millón es, ¿lo seguirán otros? 

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