Se ha materializado en el Congreso la Ley de Amnistía, ya profetizada hace años por algunos agoreros, pero que la mayoría nos resistíamos a creer. Muchos lo consideraban imposible, algo que nunca llegaría, una línea roja que jamás podría ni debía ser cruzada. Y cuando hablo de muchos no sólo me refiero a la derecha sociológica o la “fachosfera”, empleando el término acuñado por nuestro presidente en un arrebato de singular ingenio.
Cuando hablo de “muchos” no sólo hago referencia a estos últimos, también, al 56% de votantes socialistas que, según Metroscopia, a día de hoy siguen siendo contrarios a la aplicación de esta medida de gracia. La misma que le hacía la idea de amnistiar a los condenados por el Procés a la ministra Calvo, que lo calificaba como “no planteable en un estado constitucional y democrático”.
El propio Sanchez afirmaba ante el pleno del Senado el 22 de junio de 2021 que “la amnistía es claramente inconstitucional”. En noviembre de 2022, Sánchez declaró ante la Sexta que la amnistía es “algo que desde luego, este Gobierno no va a aceptar y que, desde luego, no entra en la legislación y en la Constitución española”. Pero ni siquiera hace falta remontarse tanto, incluso dos días antes de las elecciones generales, Sánchez afirmó en La hora de La 1 que “la amnistía es inconstitucional e ilegal”.
Dado el escaso o nulo valor que tiene la palabra de Pedro Sánchez, no me tomaré la molestia de citar más ocasiones en las cuales el presidente ha prometido que la amnistía no es negociable ni planteable por ser contraria a derecho. Considero que las ya mencionadas son suficientemente ilustrativas con respecto a la posición que el Gobierno defendía hace no tanto tiempo. Menos mal que ya nos explicó Sánchez que él no miente, sólo cambia de opinión. Y como las circunstancias cambian, y dicen que rectificar es de sabios, a seguir viviendo y a seguirle votando. Parece que a su electorado eso le basta.
Hemos pasado del “con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo 20 veces” a tener un gobierno sustentado por su apoyo. El que “no dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno” acabó convirtiendo en vicepresidente a su secretario general. Un Sánchez que aseguró a Risto sentir “vergüenza de que un político indulte a otro” para posteriormente indultar a los perpetradores del Procés y reformar el Código Penal a su dictado eliminando el delito de sedición y rebajando el de malversación de fondos públicos.
Sin embargo, esta serie de cambios de opinión, o lo que comúnmente conocemos como “mentiras”, no son equiparables al caso de la amnistía. Las palabras se las lleva el viento y las de Sánchez, una suave brisa vespertina. Pero aceptar que algo que es “anticonstitucional e ilegal” un día, puede pasar a “favorecer el Estado de Derecho” en menos de una semana tiene implicaciones muy graves.
La primera de ellas, la continuidad en el gobierno está por encima de todo, incluso del Estado de Derecho. La segunda, aún más grave si cabe, el poder ejecutivo se sabe con el suficiente poder y capacidad de injerencia en el judicial como para interpretar la Constitución de la manera que más convenga al gobierno en cada momento. La Carta Magna, verdadera garante de la democracia y la convivencia, es solo papel mojado sin la debida separación de poderes.
La aprobación de la amnistía por parte del Congreso cierra un ciclo que la Ley de Amnistía del 77 comenzó. Aquella promovió la reconciliación entre españoles, esta ha sembrado la mayor discordia que nuestra historia reciente recuerda. La del 77 fue la precondición de una transición a un sistema constitucional y democrático, la de 2024 será recordada como el principio del fin del Estado de Derecho.
