Giro diplomático de 180º, el pasado viernes 18 de marzo, España pasó a respaldar la propuesta de autonomía de Marruecos para el Sahara, que pasaría a ser una región con ciertas competencias cedidas, pero bajo la órbita de Rabat. España, de la noche a la mañana, pasa de oponerse a ella a considerarla “la base más seria, creíble y realista para resolver esta disputa”.

Todos los diarios marroquíes acogieron la noticia con júbilo, pero también con sorna, su diario digital más leído, el Hespress, representaba a España como un toro esquelético, herido, desfallecido; y por supuesto, de cuernos recortados, humillando ante un marroquí. No es para menos, es la segunda bajada de pantalones del Ejecutivo en menos de un año. Ya en el pasado mes de mayo, después de que Marruecos  permitiera el paso a 5.000 inmigrantes ilegales, España aprobó darles otros 30 millones de euros para el control de las fronteras, adicionales a los más de 300 millones que ya recibe a tales efectos por parte del Gobierno y la UE. La vida de miles de personas, entre ellos niños, que desesperados, huyen de la pobreza en busca de un futuro mejor es sin duda el arma más poderosa de Mohamed VI; y no dudará en utilizarla mientras España siga cediendo al chantaje.

“Hito histórico”, rezaban los titulares del país magrebí. No les falta razón, con esta decisión España no solo abandona la postura por la que lleva abogando 47 años, desde que se produjera la Marcha Verde; sino que también va contra el derecho internacional. Concretamente choca frontalmente con la resolución del Consejo de Seguridad 690 del 29 de abril de 1991, qué, de conformidad con el derecho a la autodeterminación de los pueblos en proceso de descolonización, establecía un período de transición del Sahara Occidental tras el cual, los saharauis deberían elegir vía referéndum entre la independencia o la integración a Marruecos.

La respuesta de la ONU no se ha hecho esperar y ha rechazado la decisión alegando que el contencioso debe resolverse con un “compromiso pleno (de las partes) con el proceso político liderado por la ONU, en la línea de las resoluciones aprobadas”. En la práctica, estas resoluciones son papel mojado si no hay voluntad por parte de los Estados para cumplirlas. El Sahara es solo otro ejemplo más de la incapacidad de esta institución para hacer cumplir sus leyes; bastando poder económico y militar para estar por encima de ellas. De facto, el apoyo que acaba de brindar España a la vía marroquí no es otra cosa que lo que ya han hecho nuestros “socios” de EE. UU, Francia y Alemania. 

Pero la ONU no ha sido la única en rechazar esta decisión. No sólo la oposición se ha mostrado crítica; sino que dentro del propio Gobierno, Podemos (partido político español) la ha calificado de “injustificable” puesto que significa “abandonar la posición de neutralidad y el consenso de las resoluciones de Naciones Unidas”. Ni siquiera los propios votantes socialistas pueden sentirse identificados con una decisión que es contraria a la línea marcada por el partido a lo largo de más de 40 años; y que, además, es contraria al programa con el que se presentaron en 2019. Sin embargo, si hay algo que ha desconcertado e indignado a la población es el secretismo con el que se ha llevado a cabo todo el proceso; desde luego contrario a sus objetivos de “transparencia”, pero, sobre todo, impropios de una democracia, en lo que constituye un atropello a la soberanía nacional. ¿Cómo es posible que los españoles tengamos que enterarnos de una decisión de esta trascendencia a través de un comunicado del Gabinete Real de Marruecos sin que haya habido ningún tipo de debate parlamentario sobre ello y ni siquiera el presidente haya comparecido para dar explicaciones?

¿Qué ganará España con esto? Por su parte Marruecos no se ha comprometido a reconocer Ceuta y Melilla como territorio español, tampoco a retirar sus leyes en las que se declaran aguas de las Islas Canarias como de explotación exclusiva marroquí. En inmigración, España ganará unos meses de cierta calma, sentando un nefasto precedente para futuros chantajes. Por último, Marruecos permite el paso de gasoductos a España por su territorio. Una decisión que quizá a largo plazo pueda resultar efectiva. No obstante, hasta ahora, sólo ha conseguido enfadar a Argelia, país del que proviene más del 45% del gas que se consume en España; en un contexto particularmente delicado donde lo que se pretende precisamente es rebajar la dependencia del gas ruso. Esperemos que este cambio de rumbo no repercuta en un incremento de precio del gas por parte de Argelia; por el momento, ya ha llamado a consultas a su embajador en Madrid. 

Magnífica jugada.

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